Artículos y Ensayos

Asesoramiento corporativo

Teorí­a y crí­tica cultural

Miscelánea (en construcción)

Artículo

Título

¿Quién defiende a la ciudad?

Subtítulo

Un nuevo actor en la regulación del cambio urbano

Body

 

Las fórmulas promisorias acuñadas por el pensamiento neoliberal – “sociedad del conocimiento”, “sociedad de la comunicación” – no llegan a encubrir el papel deculturador de esa mentalidad unidimensional, centrada en la economía de corto plazo, cuyo efecto más espectacular es la degradación ambiental. Y las ciudades, como unidades elementales del ecosistema, acusan de modo directo ese problema global que es, simultánea e interdependientemente, físico y cultural.

Del carácter sistémico de esa crisis da prueba el hecho de que la destrucción progresiva del patrimonio urbano no sea sólo efecto de las acciones descontroladas del sector privado, sino también de las intervenciones de los supuestos agentes del control: las administraciones municipales. En todos los casos, los autores materiales de tales intervenciones son, paradójicamente, los arquitectos, y no sólo los “del montón” sino incluso los célebres. La depredación recibe premios.

Esto indica un grado de acefalía cultural, que varía según las ciudades y es especialmente grave allí donde los gobiernos municipales sean débiles ante la presión especuladora o estén directamente asociados a los intereses inmobiliarios. Barcelona es líder en ese sentido. Y Buenos Aires parece seguirle los pasos.

El poder económico ha conquistado la alianza del poder político y del poder profesional, legitimándose así un modelo de desarrollo urbano en que confluyen la reconversión especulativa del entorno urbano, la demagogia “modernizadora” de los gobiernos municipales y la voluntad de protagonismo de los profesionales a través de las actuaciones mediáticas que amplían su mercado. Entre otros negocios, los tres poderes lucran con el proceso de masificación y consolidación de la sociedad de los flujos y la consiguiente mutación de la ciudad en patio de consumo anómico.

La preocupación por la calidad arquitectónica de la ciudad no puede, entonces, limitarse a la defensa del patrimonio; también debe asumir el reto de tomar posición ante las nuevas obras. En este caso, el problema se agrava: más difícil que evitar las demoliciones es controlar la calidad de lo que venga a sustituir lo demolido. Tal control, de ser posible, plantea el necesario desarrollo de un saber crítico sobre la arquitectura. Y esto nos enfrenta a la dificultad de detectar un actor social de ese desarrollo, idóneo y legitimado. ¿Quién ha de gobernar el caos? ¿Quién será el agente de la armonía?

Sin duda, en aquel trío, el único sector con poder de regulación es la Administración Pública; pero ésta está sometida a la voluntad política, de uno u otro signo pero siempre sectorial, del gobierno municipal, y éste, a los cortos ciclos políticos. El Estado, paradójicamente, no da garantías suficientes de continuidad a procesos de largo plazo como lo es el desarrollo urbano: ahí están las ciudades para probarlo. Aquel “actor de la armonía” debemos buscarlo, entonces, en una instancia que esté por delante del fluctuante poder político y por encima del libre juego de las fuerzas sociales, en el que ganará siempre el más fuerte.

La segunda mitad del siglo XX es testigo de una progresiva aceptación de la diversidad insuperable de la sociedad y, por lo tanto, de lo urbano. Y tal aceptación conlleva la consciencia de la “inmodelabilidad” de la ciudad, o sea, la obsolescencia del modelo moderno en sus dos versiones: la iluminista dieciochesca y la racionalista de la primera mitad del XX. Es precisamente aquella complejidad lo que ha hecho fracasar la ingenua omnipotencia del Planeamiento Urbano.

La búsqueda de una instancia armonizadora del desarrollo urbano no puede hoy reflotar modelos perimidos: ya es tarde para utopías racionalistas. Todo parece indicar que la superación de la crisis de la posmodernidad reclama un nuevo sujeto que se haga cargo de la defensa del equilibrio. Un sujeto que ya no coincidirá ni con un ministerio de desarrollo urbano ni con un ente gremial supuestamente especializado en lo urbano-arquitectónico, ni tampoco con una ya inviable vanguardia cultural.

Dicho sujeto, de ser posible, debe saber escuchar las voces contradictorias de la sociedad y proponerles una distribución ecuánime de su “derecho a la ciudad”. Cierto ecumerismo que parta de la pluralidad y la asuma como desafío. Su función no sería imponer un modelo sino detectar y comprender los valores urbanos específicos de su ciudad y proteger su conservación y desarrollo; asumiendo, al igual que los biólogos, la diversidad como un valor, y preservándola.

Fracasado el despotismo de la razón centralizada, demostrado su carácter de clase y su incapacidad de totalización, se impone una instancia de nueva planta. Ya no un supuesto visionario del “deber ser” de la ciudad sino un intérprete transversal de su presente, o sea, de la vida real. Se trataría de un actor colectivo, materializado en una entidad autónoma, pluricultural, de largo plazo y crecimiento orgánico, que capte, procese y compatibilice las exigencias de los ciudadanos. Esta especie de “Defensoría de la Ciudad” no es fácil de construir; pero está latente en foros como el reciente encuentro “Salvemos Buenos Aires” y sus organizadores, “Basta de Demoler” y “Fundación Ciudad”. 

Notes